Por ahora, no me lanzaron de un avión

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A unos 16 kilómetros de la ciudad de Changuinola, una comunidad Ngäbe-Buglé tiene una reunión para contar qué les pasó antes, durante, y después que el gobierno panameño suspendiera sus garantías, a una comisión que investiga las violaciones a los derechos humanos.

De a poco van llegando a una casa de madera de dos pisos ubicada en El Cangrejal de Guabito, las indígenas y los indígenas, en su mayoría mujeres y jóvenes, con su ropa tradicional. Aunque la reunión tiene la finalidad de registrar las violaciones sucedidas, guardan silencio. Temen decir qué les sucedió, sobre todo porque la persecusión contra ellos no ha concluido.

Muchos de los que están aquí apoyaron las protestas contra la Ley 462 que reformó el sistema de seguridad social panameño y conocen sus efectos: tienen familiares escondidos o desaparecidos, atestiguaron torturas o sufrieron personalmente la represión policial y su hostigamiento posterior. «No tenemos libertad de expresión, esa es la purísima verdad.», dice Mainor José, uno de los asistentes.

En Changuinola, mientras acontecía la reunión, la policía todavía seguía custodiando carreteras y puentes. La ciudad tenía las marcas de la revuelta: carros quemados, el estadio de béisbol quemado, la sede de la Dirección de Investigación Judicial quemada, vitrinas de locales comerciales destruidas. Changuinola era el espejo de un malestar que parecemos desconocer o negar.

En Guabito, no obstante, dos de los participantes se armaron de valentía y contaron lo que saben. Ariel Arias dice que «en la finca 11 violaron a cuatro mujeres. En finca 13 violaron a dos menores», y agregó que las indígenas temían denunciar los casos por represalias. «Les dan seguimiento y les dicen que las arrestarán si hablan».

Arias me dijo, después de su intervención, que existía un testigo, un policía indígena que no participó de las violaciones porque no fue capaz. Arias también dijo que algunos presos le dijeron que atestiguaron como lanzaron a 3 personas desde un avión en bolsas. —Esta denuncia no ha sido corroborada, pero algunos bocatoreños de otros regiones de Changuinola, consultados a respecto, dicen que los amenazaban con lanzarlos desde el cielo.— Mainor, el otro denunciante, dijo que la policía atacó con gases lacrimogénos a su abuela de más de 90 años. «Hay un montón de desaparecidos», agregó.

En la reunión había un joven de 21 años con su esposa y su pequeño hijo. Estuvo muy atento durante el encuentro y luego nos reunimos bajo la sombra de unas plantas de plátano. El muchacho lucía nervioso. Según me contó había participado en las protestas y conocía de otros jóvenes que habían escapado a Costa Rica, o seguían escondidos con heridas dentro de las fincas.

Yo le pregunté, casi al término de mi visita, qué lo había motivado a protestar y me dijo que quería otro futuro para su pequeño hijo. El joven se ganaba la vida como podía: lavando autos, cortando cabezas de plátanos, pero estaba agradecido porque no tenía heridas de las protestas. «Por ahora, —dijo— no me lanzaron de un avión».

Aquel día me pidió mi número de teléfono, y me dijo: «Si lo llama mi mujer es que algo pasó». Su pareja y su hijo lo tomaron de la mano y marcharon caminando entre un camino de lodo. A esta hora de la noche que escribo estas últimas palabras, no he recibido aún su llamada —y pienso, desde entonces, que ojalá no suceda.

Por V.A. Mojica